Desde el oficialismo local aprobaron días atrás un proyecto de ordenanza que crea un juzgado de tránsito municipal. Según señala la iniciativa, la misma será reglamentada por el Ejecutivo a cargo del cambiemista Camilo Etchevarren y van a atender la utilización de los radares, las fotomultas por exceso de velocidad, y la no utilización de luces reglamentaria, entre otras.
No obstante, la creación de fueros especiales por parte de los municipios no estaría avalada por la Constitución de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, las Comunas no podrían crear funciones jurisdiccionales porque, por ejemplo, los jueces de faltas provinciales, están creados por Ley provincial.
Asimismo, la Carta Orgánica de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires no habla del departamento judicial sino del Deliberativo y Ejecutivo, nada diría con respecto a la parte de contravenciones.
Esto último ocurre porque, el estudio y/o juzgamiento de contravenciones municipales están establecidos por el Decreto- Ley 8751/77 que es el que crea los Juzgados Municipales de Faltas, y establece los órganos, el procedimiento, y la selección de jueces.
No
obstante, se trata de una ley provincial, y la Constitución bonaerense tampoco
hace mención a la creación de juzgados especiales por parte de las
municipalidades, con lo cual se estaría, en principio, en una posible
inconstitucionalidad porque se instituye un fuero especial por ordenanza y no
por ley como es el caso de los juzgados de faltas municipales que existen en
los 135
distritos de la Provincia.
Evaluando la ordenanza propiamente dicha que lleva las firmas de los ediles de JxC, nada dice sobre a qué normativa se van a regir en cuanto a contravenciones de faltas de tránsito, cómo se van a designar los jueces o juezas para estar en el cargo, cuál será el procedimiento administrativo y competencia a aplicar, lo que la transforma en una norma con grises en cuanto a la técnica legislativa y que convierte a Dolores en el único municipio de la Provincia que ha creado un juzgado de faltas de tránsito sin el aval de la ley orgánica de las municipalidades ni la Constitución provincial.
Asimismo, hay dudas sobre el sistema de recaudación que pretende imponer el intendente junto a sus concejales, mediante una ordenanza que tuvo poco estudio y que no aclararía cuál es el órgano de competencia, y cuáles van a ser los derechos y garantías que va a tener el vecino de Dolores.
Cabe recordar que en otros municipios gobernados por Juntos por el Cambio se han dado situaciones de recaudación ilegal en el sistema de fotomultas, con lo cual se encendieron las luces de alarma con la aprobación de la ordenanza en Dolores.
Días atrás, la polémica se instaló en varios distritos con la contratación en forma directa con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (Cecaitra) para la colocación y cobro de fotomultas en sus distritos. El problema fue que esos contratos no estuvieron acompañados por una entidad pública, único camino para que ese contrato pueda tramitarse por vía rápida, debido a que esta realizó contrataciones directas con los municipios en una franca violación a todos los procesos licitatorios.
Según consta en las denuncias, históricamente, Cecaitra era contratada por diversos municipios para confeccionar fotomultas a través de un acuerdo con la UTN. Este acuerdo, sin embargo, se cayó en 2019, luego de que la Universidad informara que le daba de baja al convenio por «irregularidades» de esta supuesta Cámara. En esa situación también está implicada la gestión de Etchevarren.
Consultado, el concejal del Frente de Todos, Facundo Celasco, señaló que la Ordenanza aprobada con el aval del oficialismo, “deja muchas dudas y un estado de vulnerabilidad para los ciudadanos que transitan las calles de nuestra ciudad y las rutas que atraviesan el municipio”.
